La Sociedad de Activos Especiales (SAE), como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), tiene a su cargo 37.711 predios en Colombia. 7.167 rurales y 12.480 urbanos que se lograron rastrear y graficar. No todos están en la misma situación jurídica. Algunos tienen sentencia ejecutoriada de extinción de dominio y pasaron a la Nación.
Otros están sujetos a medidas cautelares de la Ley 1708 de 2014 (embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo) mientras el proceso sigue en curso. Una medida cautelar no es una condena ni anticipa el resultado del proceso. La extinción de dominio es una acción patrimonial, independiente de la responsabilidad penal, y los titulares de los bienes conservan su derecho a la defensa. Este visor ubica los predios con su matrícula inmobiliaria, área, municipio y destinación, y no incluye datos personales de sus propietarios. Los datos tienen corte a 3 de julio de 2026.
La información registral es pública. La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, establece en su artículo 2 que toda información en posesión, bajo control o custodia de una entidad del Estado es pública y solo puede reservarse por disposición constitucional o legal. A ese principio de máxima publicidad se suman el derecho de acceso a documentos públicos (artículo 74 de la Constitución), el derecho de petición (artículo 23 y Ley 1755 de 2015) y el principio de publicidad del registro (Ley 1579 de 2012).
Aun así, conseguir esta información exigió litigar. El abogado Isaac Buitrago Quintana, experto en extinción de dominio, le pidió a la Superintendencia de Notariado y Registro el listado de folios con medidas cautelares de la Ley 1708. La entidad respondió consultando su propia cédula. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín negó la tutela, y el 28 de julio de 2026 el Tribunal Superior de Medellín revocó ese fallo, amparó el derecho de petición y ordenó responder.
Periodismosint publica estos datos en formato abierto porque saber dónde están los bienes que custodia el Estado es la condición para vigilar qué hace con ellos.
